La concejala de Igualdad, Gema Laguna, informa de la lectura ayer del Manifiesto Institucional contra la Violencia de Género, basado en el texto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, y en la que han intervenido el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y la concejala de Igualdad, junto a los portavoces de Partido Popular, Gema García; Partido Socialista, Rosa Arrabal; Adelante, Juan Andrés Jiménez, y Ciudadanos, María del Carmen López.
En el Manifiesto se hace un reconocimiento al trabajo de quienes en el contexto de crisis de la Covid-19 han seguido prestando servicios esenciales frente a las violencias machistas en nuestros pueblos y ciudades, y el Ayuntamiento se compromete a continuar aunando esfuerzos e instando a otras administraciones, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadoras.
También se compromete a adaptar procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo, a las más vulnerables afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ello. A incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente, en los económicos y de promoción del empleo; a impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, y su autonomía económica; a mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a mujeres que padecen violencia machista, considerándolos servicios esenciales; y a continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes.
Por último, el Ayuntamiento se compromete a apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, y a promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con sus practicas, ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables; así como a demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género impidiendo la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín.